Gobierno justifica recorte salarial a congresistas por considerar excesivos sus ingresos frente al salario mínimo

Ministro Benedetti defiende supresión de beneficio de $15 millones mensuales que recibirán legisladores electos en marzo de 2026.
3 semanas atrás

El ministro del Interior, Armando Benedetti, justificó la decisión del Ejecutivo de suprimir la prima especial de servicios que reciben los miembros del Congreso de la República, argumentando que sus remuneraciones resultan excesivas comparadas con el ingreso promedio de los ciudadanos.

El funcionario explicó que la eliminación de este beneficio, equivalente a aproximadamente $15 millones mensuales, responde a la necesidad de ajustar las asignaciones de los legisladores a la realidad económica del país.

Actualmente, los congresistas perciben cerca de $52 millones cada mes, cifra que el Gobierno Nacional busca reducir mediante esta medida.

Benedetti recordó que el beneficio proviene de decretos anteriores vinculados con transporte y vivienda, renovados durante la administración de Juan Manuel Santos entre 2013 y 2017.

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“El Gobierno ha considerado que es excesivo el salario para los congresistas, que no se ajusta a lo que un colombiano promedio gana o a un salario mínimo”, declaró el ministro.

El titular de la cartera política estableció un contraste entre la resistencia empresarial al incremento del salario mínimo y las remuneraciones legislativas. Señaló que diversos sectores económicos manifestaron preocupación por el aumento del salario mínimo a $2 millones, mientras los parlamentarios reciben ingresos superiores a 26 veces esa cifra.

La medida aplicará exclusivamente para los congresistas que resulten elegidos en las elecciones legislativas del 8 de marzo próximo y se posesionen el 20 de julio de 2026. Los actuales miembros del Congreso conservarán sus beneficios hasta finalizar el periodo constitucional vigente.

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El recorte forma parte de las acciones de austeridad fiscal impulsadas por el Ejecutivo en medio de las restricciones presupuestales que enfrenta la Nación.

La decisión se formalizó mediante el Decreto 0030 del 19 de enero de 2026, firmado por el presidente de la República y los ministros de Hacienda y Función Pública.