El programa tendrá un presupuesto inicial de un billón de pesos que estará integrado al presupuesto nacional, explicó Rafael Pardo, Alto Consejero para el Postconflicto.
Redacción. El programa será liderado por el gobierno Nacional en cabeza de la Alta Consejería para el Postconflicto y tendrá participación directa de las Farc, quienes acompañarán y promover la llegada del programa a los territorios más afectados.
Con el programa se pretende sustituir durante el primer año de implementación, más 50.000 hectáreas de cultivos ilícitos en 40 municipios priorizados.
Sin embargo, el Gobierno aclaró que “el programa no atenderá a los cultivadores que hayan sembrado después del 10 julio de 2016, fecha en la que se puso en marcha el esfuerzo conjunto de sustitución voluntaria de cultivos.
Para garantizar la participación de las comunidades, se creó un consejo de dirección permanente en el que tendrán asiento el Gobierno Nacional, las FARC-EP y las comunidades.
Asimismo se condicionó el apoyo estatal al programa, siempre y cuando los campesinos se comprometan a sustituir los cultivos ilícitos y renuncien a ellos o cualquier otra actividad ilegal relacionada.
Si las familias campesinas cumplen con las obligaciones de sustitución tendrán derecho durante el primer año de implementación, a un millón de pesos mensuales de remuneración por actividades de sustitución de cultivos, preparación de tierras para siembras legales o trabajo en obras públicas de interés comunitario, hasta por 12 meses para campesinos con cultivos o sin cultivos de uso ilícito.
De igual forma recibirán en millón 800.000 mil pesos para la implementación de proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria por una sola vez, tales como cultivos de pancoger y cría de especies menores.
Nueve millones de pesos por una sola vez, para adecuación y ejecución de proyectos de ciclo corto e ingreso rápido como piscicultura, avicultura, entre otros.
A partir del segundo año, para asegurar a las familias mejores ingresos el Gobierno Nacional invertirá por familia, hasta diez millones de pesos en proyectos productivos y sufragar mano de obra. Adicional se creará una línea de crédito especial.
Adicionalmente, se contará con asistencia técnica durante todo el proceso, con un costo aproximado de tres millones 200.000 mil pesos por familia. Se estima que más de 660 técnicos y profesionales agropecuarios se movilizarán para acompañar a las comunidades.
