Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ordenó a la hidroeléctrica Urrá hacerse responsable de los alojamientos temporales y colaborar activamente en el manejo de la crisis que atraviesa, Tierralta, municipio donde está ubicada la central hidroeléctrica.
“Urra tiene unos planes de gestión del riesgo, pero también tiene unos planes de contingencia y emergencia. Nosotros como Gobierno Nacional tenemos que garantizar que esos planes de contingencia se cumplan, que Urra se haga cargo de los alojamientos temporales”, declaró el funcionario durante rueda de prensa en la capital cordobesa.
La emergencia ha dejado más de 50.000 familias damnificadas y destruyó 1.700 viviendas, mientras otras 4.000 quedaron inhabitables. Las imágenes satelitales revelaron 48.000 hectáreas sumergidas, cifra que podría escalar entre 250.000 y 300.000 hectáreas afectadas.
Carrillo reconoció que el embalse presentaba niveles críticos antes del desastre. “El embalse estaba muy lleno, eso es indiscutible, eso es inocultable. Si el embalse hubiese estado más bajo, habría habido más capacidad de amortiguación”, señaló.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Superintendencia de Servicios Públicos supervisan las operaciones de Urrá. El director aclaró que corresponde a estas entidades determinar si hubo infracción a la normativa vigente.
La atención inmediata se concentra en Tierralta, municipio donde la empresa debe activar sus protocolos de emergencia. El Gobierno Nacional cuenta con recursos de la vigencia 2026 para la respuesta inicial, aunque la recuperación total requeriría entre 8 y 10 billones de pesos.
Carrillo destacó la labor de los alcaldes municipales en las evacuaciones preventivas, acción que evitó mayores pérdidas humanas ante un fenómeno climático catalogado como “único” e imposible de predecir según el IDEAM.
