Gobierno alista ley de sometimiento para grupos criminales: sin estatus político ni negociaciones

El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó que el modelo establecerá las condiciones desde el Estado y no abrirá espacios para que las organizaciones criminales negocien beneficios.
2 horas atrás
Foto | Ministerio de Justicia

El Gobierno Nacional prepara un proyecto de ley de sometimiento y acogimiento a la justicia para integrantes de estructuras criminales que decidan abandonar las actividades ilegales. Los ministerios de Justicia y del Interior trabajan en la propuesta y esperan presentar una primera muestra del mecanismo durante las próximas dos semanas.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó que el modelo establecerá las condiciones desde el Estado y no abrirá espacios para que las organizaciones criminales negocien beneficios.

“No hay marco para la impunidad, no hay negociaciones largas, no hay unas rebajas desproporcionadas”, afirmó.

Cancino señaló que quienes decidan acogerse deberán aceptar las reglas fijadas por las autoridades. “Las personas que se sometan no van a tener voz para dialogar, lo único que van a poder decir es me someto o no me someto y aceptar las consecuencias”, manifestó.

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El funcionario también indicó que no se contemplan excarcelaciones generales ni reconocimiento político para las organizaciones que decidan someterse.

En ese sentido, el proyecto se articula entre la Presidencia, los ministerios de Justicia y del Interior y otras entidades estatales. Cancino agregó que ya comenzaron conversaciones con la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación para retomar procesos de sometimiento que estaban en marcha.

Asimismo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, afirmó que el Ejecutivo busca someter a la ley a quienes utilicen armas contra la población y atender las regiones donde operan estructuras armadas.

La administración también estudia qué ocurrirá con la Ley 418, cuya vigencia, según lo expuesto por Cancino, llega hasta noviembre. El ministro señaló que su eventual prórroga permanece en estudio.

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El proyecto deberá avanzar en el Congreso y será discutido con los ministerios, la Presidencia y el Consejo de Política Criminal antes de definir su contenido definitivo.