El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, hizo un llamado directo al sector constructor para que actúe con razonabilidad y no traslade de manera desproporcionada el incremento del salario mínimo a los precios de la vivienda de interés social y prioritario.
Durante rueda de prensa, el funcionario aclaró que los topes establecidos en la normativa para VIS y VIP representan valores máximos que permiten acceder a subsidios, no una obligación para fijar esos montos como precio final de venta.
Ávila expresó particular preocupación por las promesas de compraventa que el sector constructor acostumbra pactar en salarios mínimos. Advirtió que esta práctica podría utilizarse como argumento para elevar injustificadamente los valores acordados con los compradores.
“No están obligados el constructor ni el comprador a aplicar esos incrementos si se vuelven desmedidos”, señaló el titular de la cartera económica, quien recordó que el componente salarial representa solo una parte del costo total de producción de vivienda.
El ministro enfatizó que el Gobierno Nacional estará “extremadamente atento” para garantizar que no se presenten abusos. Además, anunció que trabajan en la desindexación del valor de la vivienda social respecto al salario mínimo, buscando un esquema que equilibre los costos de producción con precios justos para los beneficiarios.
Ávila advirtió que excesos en los precios podrían desincentivar completamente la demanda, ocasionando pérdidas significativas al sector constructor por la desaparición de compradores.
El funcionario instó a resolver las promesas de compraventa mediante acuerdos entre las partes que establezcan ajustes razonables, sin aplicar necesariamente el veintitrés punto siete por ciento del incremento salarial.
