Los gobernadores advirtieron que el decreto de emergencia económica que afecta las rentas territoriales comprometerá seriamente la financiación de programas sociales fundamentales como el Programa de Alimentación Escolar, el transporte estudiantil y el régimen subsidiado de salud.
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, explicó que las rentas cedidas constitucionalmente establecidas permiten garantizar derechos fundamentales a los ciudadanos. La mandataria enfatizó que si se reducen estos ingresos, los departamentos perderán la capacidad de ofrecer servicios esenciales a sus comunidades.
Toro detalló que el Valle actualmente destina 63 mil millones de pesos al régimen subsidiado de salud, cifra que se duplicaría a 120 mil millones con el aumento de impuestos contemplado en el decreto. La gobernadora cuestionó directamente al ministro Germán Ávila si el Gobierno Nacional asumiría ese costo, pero no obtuvo respuesta.
Los mandatarios regionales manifestaron que defienden estos recursos porque representan la posibilidad de cumplir con obligaciones constitucionales hacia sus habitantes. La alimentación de estudiantes en instituciones educativas públicas, el transporte que garantiza el acceso a la educación y la atención médica de población vulnerable dependen directamente de las rentas departamentales.
El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, expresó especial preocupación por la salud y educación de las comunidades en su departamento fronterizo, donde las necesidades son particularmente apremiantes.
Los gobernadores insistieron en que el Gobierno Nacional debe revisar sus propios ingresos, como aduanas e IVA, sin comprometer los recursos territoriales. Argumentaron que existe una distribución constitucional de las finanzas del Estado que no puede alterarse arbitrariamente.
La situación genera incertidumbre sobre la continuidad de estos programas mientras se define la situación jurídica del decreto.
