La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso un incremento del 2% adicional sobre la inflación anual para los peajes de la concesión Ruta al Mar desde 2026 hasta 2034, medida que generó el inmediato rechazo del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara.
“Esto es lo que tienen para Córdoba. No han pasado tres días de haber levantado la mesa con los transportadores y ciudadanos del departamento, y esta es la propuesta: pagar más por movilizarnos dentro de nuestro territorio. ¿Hasta cuándo tendremos que esperar?”, cuestionó el mandatario departamental.
La ANI presentó el borrador de la resolución, disponible para consulta pública hasta el 3 de marzo, donde justifica el aumento por el riesgo de desfinanciación del proyecto vial.
El documento señala como principal causa la reubicación de la caseta del peaje de La Caimanera en el departamento de Sucre, que provocó pérdidas superiores a 153.000 millones de pesos en recaudación.
¡Esto es lo que tienen para Córdoba!
No han pasado 3 días de haber levantado la mesa con los transportadores y ciudadanos del departamento, y esta es la propuesta, pagar más por movilizarnos dentro de nuestro territorio.
Hasta cuándo tendremos que esperar??? https://t.co/tyuSpzoBUP
— Erasmo Zuleta Bechara (@ErasmoZB) March 1, 2025
Los peajes afectados por el incremento adicional serán La Apartada, Los Manguitos, Mata de Caña, Los Cedros y San Carlos, todos ubicados en rutas estratégicas para la movilidad en el departamento de Córdoba.
El anuncio llega en un momento de particular tensión, pues apenas días atrás concluyeron las negociaciones entre autoridades, transportadores y representantes de la comunidad cordobesa sobre temas relacionados con la infraestructura vial y tarifas diferenciales en peajes.
El gobernador Zuleta Bechara expresó su preocupación por el impacto económico que estos incrementos representarán para los habitantes y el sector transportador de Córdoba, quienes deberán asumir costos superiores a la inflación durante los próximos ocho años para transitar por las vías de su propio departamento.
La medida podría afectar directamente los costos de transporte de mercancías y pasajeros en la región, con un probable efecto en la economía local que depende considerablemente del transporte terrestre para sus actividades comerciales y turísticas.
