La polémica por una nueva tasa de seguridad que se aplicaría a los servicios públicos en Antioquia escaló este sábado a un intercambio directo en Twitter, entre el presidente Gustavo Petro y el gobernador Andrés Julián Rendón, revelando tensiones sobre política fiscal y seguridad regional.
El mandatario departamental defendió la iniciativa argumentando que el gravamen, que excluiría al 85% de usuarios residenciales pertenecientes a estratos 1, 2 y 3, busca financiar inversiones en seguridad ante lo que considera un vacío dejado por el gobierno nacional. Según Rendón, cerca del 60% de pequeños comercios e industrias pagarían menos de 30.000 pesos mensuales.
El presidente Petro calificó la medida como “regresiva”, señalando que “ponerle impuesto a la luz y al agua es quitarle la comida a los pobres y trabajadores en Antioquia”. Contrastó la propuesta departamental con los esfuerzos nacionales por reducir las tarifas eléctricas.
La tasa propuesta financiaría cuatro ejes principales: tecnología para compensar la reducción del pie de fuerza policial, mejoras en infraestructura y movilidad para fuerzas de seguridad, ampliación de centros penitenciarios para reducir el hacinamiento, y programas de convivencia ciudadana.
El gobernador Rendón vinculó potenciales aumentos futuros en tarifas eléctricas no a la tasa propuesta sino a posibles escenarios de escasez, criticando la postura presidencial frente a proyectos hidroeléctricos y de hidrocarburos.
El debate se intensificó cuando Rendón hizo referencia a recientes ataques contra la fuerza pública en Anorí y Valdivia, instando al presidente a no oponerse a mecanismos que, según él, buscan proteger a policías y militares en un contexto de cese al fuego vigente.
