El desarrollo portuario en la región de Urabá generó tensiones entre el Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia. El intercambio comenzó cuando el presidente Gustavo Petro solicitó públicamente al gobernador antioqueño que garantice el cumplimiento de todos los requisitos ambientales y sociales para el proyecto Puerto Antioquia.
“Le solicito al gobernador de Antioquia que haga que todos los requisitos para el proyecto de Puerto Antioquia de tipo ambiental y social se cumplan. Es la ley y deben cumplirla. Los municipios de Urabá deben recibir parte de las utilidades del puerto, y los permisos del uso del agua deben ser adquiridos”, expresó el mandatario en sus redes sociales.
En respuesta, el gobernador Andrés Julian cuestionó la postura presidencial: “Lamento que a usted todo lo bueno que pasa en nuestro departamento lo atormente. Los antioqueños estamos muy contentos con la llegada de los puertos a Urabá. ¿Por qué no le gusta que a Antioquia le vaya bien?”.
El gobernador aclaró además que su administración no tiene competencia para otorgar licencias ambientales, concesiones de agua o permisos de vertimientos, funciones que corresponden exclusivamente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), conforme al Decreto 1076 de 2015.
En su comunicado, Andrés Julian defendió el rol de la Gobernación como articulador que promueve el diálogo entre actores, acompaña a las comunidades y exige que el desarrollo se realice “de manera legal, sostenible y justa para el Urabá Antioqueño”.
El proyecto Puerto Antioquia es considerado estratégico para la competitividad del departamento, al brindar una salida directa al mar Caribe que podría transformar la logística de exportación de la región.
