El anuncio de una nueva sobretasa a las empresas generadoras de energía desató críticas inmediatas desde el sector empresarial. Sin embargo, el Gobierno Nacional salió al paso y aclaró que la medida no apunta a castigar ganancias ni a trasladar costos a los usuarios, sino a preservar la estabilidad del sistema eléctrico en medio de una emergencia económica.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, explicó que el gravamen, fijado en 2,5 % sobre las utilidades, hace parte del paquete de decisiones adoptadas tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso.
Según el funcionario, la falta de esos recursos dejó al sector con un déficit que obliga a tomar acciones extraordinarias para garantizar la prestación del servicio.
Desde las empresas generadoras surgieron reparos al considerar que el Estado aún mantiene deudas por subsidios y que la sobretasa equivale a que el propio sector cubra esos faltantes.
Frente a ese señalamiento, Palma Egea respondió que el objetivo no consiste en beneficiar al Gobierno ni en afectar la rentabilidad empresarial, sino en evitar un desfinanciamiento que podría poner en riesgo el suministro, especialmente en regiones vulnerables como el Caribe.
El ministro aseguró que la carga no se trasladará a las tarifas ni impactará a los usuarios finales. También precisó que la medida tendrá carácter temporal y solo estará vigente durante la duración de la emergencia económica decretada por el Ejecutivo.
De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, el país arrastra una deuda significativa en subsidios eléctricos, acumulada por decisiones presupuestales anteriores y por la negativa del Congreso a aprobar nuevas fuentes de financiamiento.
En ese contexto, el Gobierno busca recaudar cerca de 5,1 billones de pesos para darle liquidez al sistema y evitar un riesgo sistémico.
