La Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) radicó ante el Consejo de Estado una acción de nulidad simple contra el Decreto 369 del 7 de abril de 2026, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que fija en 30% el límite global de inversión en el exterior de los fondos de pensiones obligatorias y obliga a que los nuevos aportes de los afiliados se destinen prioritariamente al mercado colombiano. La organización solicitó además la suspensión provisional de la norma mientras avanza el proceso.
La demanda, dirigida contra el ministerio representado por el ministro Germán Ávila Plazas, plantea que el decreto excede los límites de la potestad reglamentaria del Gobierno Nacional por tres razones. Primero, desvía los recursos pensionales de su finalidad constitucional, que es garantizar la seguridad social de los afiliados. Segundo, restringe el derecho de propiedad sobre el ahorro pensional al sustituir las decisiones de inversión que corresponden a los afiliados y sus administradores. Tercero, altera el diseño legal del sistema de pensiones, en particular el esquema de multifondos basado en perfiles de riesgo.
FEDe. Colombia también señaló que el propio decreto reconoce que su propósito no es proteger el ahorro pensional sino incrementar la inversión interna y financiar proyectos productivos, lo que equivale a utilizar los ahorros de los trabajadores como instrumento de política económica general.
En términos prácticos, el decreto implica que una parte significativa del ahorro pensional que hoy puede diversificarse globalmente deberá concentrarse en activos nacionales, sin importar si estos ofrecen mejores o peores condiciones de rentabilidad y riesgo para los afiliados.
