La Fiscalía General de la Nación aclaró este martes que suspendió las órdenes de captura contra 23 personas reconocidas por el Gobierno Nacional como voceros de Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI) de Medellín y el Valle de Aburrá, con una vigencia inicial de seis meses, en atención a una solicitud de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz presentada el 24 de febrero de 2026.
El ente acusador fue enfático en despejar dudas sobre el alcance de la medida: la suspensión “no implica ni contempla la concesión de la libertad de quienes se encuentren privados de ella en centros penitenciarios o carcelarios en cumplimiento de condenas, medidas de aseguramiento u otros requerimientos judiciales.”
La Resolución 00072 del 27 de marzo, que formalizó la medida, se fundamenta en la Ley 2272 de 2022, la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional y el Decreto 1081 de 2015. El objetivo es que los voceros participen en los Espacios de Conversación Sociojurídicos definidos por el Gobierno Nacional para avanzar en el sometimiento de los grupos que representan.
La Fiscalía también precisó los límites de la suspensión: la medida no protege a los voceros en casos de flagrancia por delitos graves como secuestro, extorsión, violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Geográficamente, los efectos de la resolución se concentran en Medellín, los municipios del Valle de Aburrá y Rionegro, Antioquia, donde se desarrollarán los principales encuentros y actividades del proceso de sujeción a la justicia.
La aclaración de la Fiscalía busca frenar las versiones que circularon sobre presuntas excarcelaciones, calificadas por la Consejería Comisionada de Paz como “grave e irresponsable desinformación.”
