Un apartamento de lujo en el norte de Bogotá, una transacción a bajo costo y un contrato millonario que llegó después. Ese es el hilo que la Fiscalía General de la Nación siguió para llegar hoy ante un juez de Bogotá a imputarle cargos por presunto tráfico de influencias a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.
Según la investigación, Roa adquirió el penthouse 901 de una empresa vinculada a Serafino Iacono, exintegrante de la reestructurada Pacific Rubiales y figura con intereses en el sector de los hidrocarburos. El precio, de acuerdo con lo que rastrea la Fiscalía, estuvo por debajo del valor del mercado, y quien facilitó esa negociación fue Juan Guillermo Mancera, coronel retirado del Ejército.
Lo que convierte ese favor en el centro del caso es lo que vino después. Mancera fundó en 2024 la empresa de servicios públicos Gaxi, y meses más tarde esa compañía firmó un convenio con Hocol, filial de Ecopetrol, para regasificar gas importado en Colombia. El acuerdo proyectaba ingresos de hasta 1.400 millones de dólares anuales, una cifra que contrasta directamente con el tamaño y la experiencia real de Gaxi en el mercado.
Para la Fiscalía, esa secuencia de hechos no es casualidad. El ente investigador aseguró contar con pruebas técnicas, documentos, soportes financieros y testimonios que permiten sustentar la imputación. El fiscal delegado contra el crimen organizado, Raúl González Flechas, precisó que por ahora no solicitará medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Roa.
Iacono, por su parte, sostuvo que la venta del apartamento fue un negocio legal y que entregó toda la información requerida a las autoridades. La defensa de Roa también rechazó los señalamientos y radicó ante la Fiscalía un paquete de 76 folios con contratos, cheques y extractos bancarios para demostrar la legalidad de la compra.
La audiencia de imputación de este miércoles marca el inicio formal del proceso judicial contra el presidente de Ecopetrol.
