Fiscalía embarga tres inmuebles de Óscar Iván Zuluaga, presuntamente ligados al caso Odebrecht

Un apartamento en Bogotá y un predio en Pensilvania, Caldas, entre los bienes bloqueados mientras avanza la extinción de dominio.
1 hora atrás
Foto: LARAZÓN.CO

La Fiscalía General de la Nación decretó la suspensión del poder dispositivo y el embargo de tres inmuebles avaluados en más de 3.664 millones de pesos, que figurarían dentro del patrimonio de Óscar Iván Zuluaga Escobar y de su entorno familiar.

Los bienes aparecen ligados a la indagación por la presunta financiación internacional de su campaña presidencial de 2014.

Las propiedades afectadas corresponden a un apartamento y la tercera parte de una vivienda, ambos en la capital del país, además de un inmueble ubicado en Pensilvania, Caldas.

Algunas de ellas estaban directamente a nombre de Zuluaga Escobar, quien en junio de 2023 las traspasó mediante donación a integrantes de su círculo familiar.

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El rastro del aporte de la multinacional brasileña

La actuación con fines de extinción del derecho de dominio surge del trabajo del Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht, adscrito a la Delegada para las Finanzas Criminales.

Ese equipo reunió elementos materiales probatorios sobre el dinero que la constructora brasileña habría entregado a la campaña ‘Zuluaga Presidente 2014-2018’.

De acuerdo con la investigación, Odebrecht habría cubierto 1’610.740 dólares en servicios de publicidad que beneficiaron esa aspiración presidencial. El aporte nunca apareció en los balances de la campaña ni llegó a conocimiento de las autoridades electorales.

Una fuente de financiación prohibida

Al originarse en una persona jurídica extranjera, ese dinero configuraría una modalidad de financiación vedada para las campañas políticas, según el artículo 27 de la Ley 1475 de 2011.

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Los recursos salieron entre junio y julio de 2014 hacia una sociedad constituida en Panamá y asociada al publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça. Para esa fecha, los giros equivalían a más de 3.000 millones de pesos.

Con el bloqueo de los tres inmuebles, el ente acusador pretende impedir que alguien venda, enajene o comercialice los activos mientras se surte el trámite judicial.