El Tribunal Administrativo de Córdoba anuló la suspensión que impedía al alcalde de Montería entregar terrenos municipales a ciudadanos de bajos recursos hasta 2027. Esta decisión revoca lo establecido previamente por un juez que había limitado esta facultad a solo seis meses.
La sentencia, emitida el 13 de febrero de 2025, determina que el Acuerdo 004 aprobado por el Concejo Municipal de Montería el 1 de febrero de 2024 es válido. Este acuerdo autoriza al alcalde a ceder gratuitamente terrenos fiscales (propiedades que pertenecen al municipio) durante todo su mandato, que finaliza en diciembre de 2027.
La magistrada Luz Elena Petro Espitia explicó en términos simples que entregar terrenos es una función propia del alcalde, no del Concejo Municipal. Por tanto, cuando el Concejo autoriza al alcalde a realizar estas entregas, no está delegando una función propia, sino simplemente dando un permiso administrativo que puede extenderse durante todo el periodo de gobierno.
El demandante, Devier Acosta Pimienta, había argumentado que estas autorizaciones no podían durar más de seis meses, como ocurre con otros poderes especiales. Sin embargo, el Tribunal determinó que la comparación no era válida, ya que entregar terrenos es una responsabilidad del alcalde, no una función prestada por el Concejo.
Esta decisión beneficiará principalmente a familias que han construido viviendas en terrenos municipales sin tener títulos legales. Según la ley, estas personas pueden recibir la propiedad formal de estos terrenos siempre que cumplan ciertos requisitos, como haber ocupado el lugar por al menos diez años y cumplir con condiciones para recibir subsidios de vivienda.
“La cesión gratuita se efectuará mediante resolución administrativa, la cual constituirá título de dominio”, explica el fallo, indicando que con un simple documento oficial estas familias podrán convertirse en propietarias legales de los terrenos donde han vivido.
El Tribunal también aclaró que no procederá la entrega de terrenos ubicados en zonas de alto riesgo, áreas insalubres, terrenos destinados a educación o salud, o bienes de uso público como parques o plazas.
La decisión permite que continúe el proceso de legalización de predios en Montería, dando seguridad jurídica a muchas familias que viven en condiciones de informalidad y contribuyendo a reducir el déficit habitacional en la ciudad.
