El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla presentó una descompensación por baja presión arterial mientras permanece detenido de manera preventiva por su presunta participación en el entramado de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y al Instituto Nacional de Vías. El episodio de salud se registró este sábado 20 de diciembre, en el Centro de Estudios Superiores de la Policía, en el norte de Bogotá, lugar designado por el Inpec para cumplir la medida de aseguramiento.
Según se conoció, la descompensación llevó a Bonilla a solicitar una valoración médica dentro del mismo centro de reclusión. El exfuncionario, así como su defensa, han insistido ante las autoridades judiciales en que su estado de salud requiere atención especial, argumento que fue expuesto durante las audiencias previas a la decisión de enviarlo a prisión.
Bonilla se encuentra bajo tratamiento médico por un ataque isquémico cerebral sufrido meses atrás y presenta varias condiciones clínicas, entre ellas afasia motora, enfermedad renal crónica, dislipidemia, hiperplasia prostática y reflujo gastroesofágico. Por estas razones, su abogado solicitó al Inpec una protección reforzada de sus derechos fundamentales, alegando que sus diagnósticos son incompatibles con una reclusión ordinaria en un establecimiento carcelario.
Pese a ello, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su envío a prisión, al considerar la gravedad de los delitos imputados, decisión que desestimó la solicitud inicial de la Fiscalía de concederle detención domiciliaria. Tras finalizar la diligencia judicial del 18 de diciembre, Bonilla fue capturado por agentes del CTI y de la Policía Nacional y trasladado al búnker de la Fiscalía, donde pasó su primera noche como detenido antes de ser enviado al centro policial.
En el mismo proceso fue privado de la libertad el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien se presentó voluntariamente ante el Inpec en Cali y fue recluido en la Escuela de Carabineros de esa ciudad.
Ambos exfuncionarios están imputados por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho, cargos que, según la Fiscalía, estarían relacionados con el direccionamiento de recursos públicos a contratistas recomendados por congresistas. Bonilla y Velasco se han declarado inocentes y sus defensas apelaron la decisión de encarcelamiento mientras avanza el proceso judicial.
