Alejandro Linares, expresidente de la Corte Constitucional, presentó una acción de tutela en un juzgado de Bogotá contra el decreto que fijó el aumento del salario mínimo en 23.7% para 2026.
El jurista representa a un empresario y cuestiona el procedimiento empleado por el Gobierno Nacional.
La demanda incluye como accionados a la Nación, la Presidencia de la República y los ministerios de Trabajo y Hacienda. El exmagistrado pide frenar provisionalmente la aplicación del ajuste salarial hasta que exista una decisión de fondo.
Linares argumenta que la decisión gubernamental vulnera el derecho al debido proceso. Tradicionalmente, la Comisión de Concertación —conformada por gobierno, gremios empresariales y organizaciones sindicales— es quien define anualmente el salario mínimo. Esta vez, según el documento judicial, el ejecutivo actuó de manera unilateral.
“Ello representa una vulneración actual y ostensible del derecho fundamental al debido proceso”, afirma el exmagistrado en la tutela.
El escrito advierte sobre impactos económicos que no habrían sido considerados. Las micro, pequeñas y medianas empresas, que conforman el 99,7% del tejido empresarial colombiano, enfrentarían serias complicaciones para sostener sus costos operativos.
Según la tutela, estos negocios deberán eliminar empleos, recortar jornadas laborales o trasladar el aumento de costos a los consumidores mediante alzas de precios.
El documento también alerta sobre las dificultades que enfrentarían los trabajadores informales para acceder al mercado laboral formal, mientras soportan mayores costos en productos y servicios.
“Un incremento en promedio del 23,7% del SMMLV y el auxilio de transporte, decretado sin evaluar adecuadamente su impacto negativo en las MIPYMES”, señala la acción judicial.
Linares advierte sobre consecuencias fiscales para el Estado. “Ante una afectación al aparato productivo, el Estado no solo tendrá mayores costos fiscales como lo advirtió el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), sino que recibirá menos ingresos tributarios por concepto de impuestos sobre la renta”, argumenta.
El exmagistrado considera que esto produciría “menor bienestar social para todos los colombianos”.
Aunque el Consejo de Estado ya examina la nulidad del decreto, Linares justifica la tutela porque “la aplicación inmediata del acto administrativo cuestionado, expedido con vulneración del derecho fundamental al debido proceso administrativo, produce efectos económicos y sociales irreversibles que no pueden ser conjurados oportunamente por los mecanismos ordinarios de control judicial”.
