El general retirado Rodolfo Palomino comenzará a cumplir una pena privativa de la libertad de siete años después de que el máximo tribunal penal del país lo encontrara responsable de ejercer presión indebida sobre una funcionaria judicial.
La decisión judicial, elaborada por el magistrado Jorge Caldas Vera, estableció que el otrora comandante nacional de la fuerza pública realizó gestiones irregulares para beneficiar al ganadero cordobés Luis Gonzalo Gallo, quien respondía ante la justicia por delitos de enriquecimiento sin justificación, asociación criminal y blanqueo de capitales.
El episodio se registró cuando Palomino, junto al entonces comandante de la Dijín, Jorge Enrique Rodríguez Peralta, llegó hasta la vivienda de la fiscal Sonia Lucero Velásquez durante febrero de 2014. Allí, el alto oficial policial resaltó los nexos del procesado con personalidades influyentes del ámbito nacional e internacional, incluyendo al exmandatario Andrés Pastrana y ejecutivos bancarios.
Velásquez declaró que experimentó coerción institucional derivada del rango de quien la visitaba. El tribunal determinó que esta presión provocó que la funcionaria otorgara libertad inmediata al empresario tras su interrogatorio, sin realizar las verificaciones correspondientes sobre la documentación aportada por sus abogados.
El empresario estaba bajo investigación por haber comprado más de un centenar de propiedades arrebatadas violentamente por estructuras paramilitares del clan Castaño.
Aunque uno de los magistrados expresó desacuerdo con la captura anticipada argumentando el principio pro libertad, el condenado acudió voluntariamente ante las autoridades investigativas. “Siempre he respetado las decisiones judiciales”, manifestó el exfuncionario. La defensa podrá recurrir ante la instancia superior.
