La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia usó su intervención en el Congreso para lanzar una grave acusación contra el Gobierno Nacional: el levantamiento de órdenes de captura a cabecillas criminales respondería a intereses electorales, no a razones jurídicas.
La congresista respaldó su denuncia citando al propio exsenador Roy Barreras, quien habría admitido que grupos ilegales presionan a votantes mediante la violencia en distintos territorios para ponerle votos a Iván Cepeda.
Según Valencia, “aquí le vienen levantando las órdenes de captura a los peores criminales de Colombia con propósitos electorales”, incluyendo a un individuo que acumula 51 homicidios y que habría sido beneficiado con esa medida.
La senadora puso sobre la mesa el caso del Cauca, donde comunidades estarían siendo obligadas a votar por el candidato del Gobierno bajo amenaza de verificación de resultados el lunes siguiente a las elecciones. Como ejemplo de las consecuencias de desafiar ese control, mencionó el asesinato de un exdiputado del Pacífico caucano que compitió electoralmente en contravía de las disidencias.
Valencia también denunció presuntas infiltraciones del Gobierno en la fuerza pública, en organismos de inteligencia y en la Superintendencia de Seguridad, señalando que más de 80 generales del Ejército habrían sido retirados en ese proceso.
A esto sumó interrogantes sobre los nexos con alias ‘Calarcá’, quien según la senadora sigue libre pese a cometer delitos en flagrancia, y exigió a la Fiscal General reactivar su orden de captura.
Al cierre, Valencia demandó explicaciones sobre quién financió la campaña presidencial de Gustavo Petro y reclamó garantías electorales ante lo que describió como una combinación de violencia, impunidad y corrupción con miras a las próximas elecciones.
