El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó este lunes la visa de Martha Isabel Peralta Epieyú, senadora del Pacto Histórico y del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), y la del empresario atlanticense Euclides Torres Romero.
Ambos aparecen en un paquete de restricciones migratorias que Washington anunció contra ciudadanos extranjeros a quienes señala de socavar gobiernos elegidos democráticamente en países del hemisferio occidental.
Aunque no hay pronunciamiento oficial, la cartera diplomática estaounidense podría haber aplicado la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que impide el ingreso de personas cuya presencia o actividades puedan tener consecuencias adversas graves para la política exterior estadounidense.
Peralta, en el expediente de la UNGRD
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra la congresista wayuu por presunto tráfico de influencias y cohecho impropio dentro del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Olmedo López, exdirector de esa entidad, declaró que en septiembre de 2023 Peralta gestionó un contrato de maquinaria amarilla para el mantenimiento de jagüeyes en La Guajira, con el fin de beneficiar a personas cercanas a ella.
La Fiscalía la señala como presunta articuladora principal de una estrategia para asegurar votos de varios parlamentarios a favor de la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado a cambio de contratos.
En junio, la magistrada Cristina Lombana ordenó su reclusión temporal y la senadora permaneció en los calabozos de la Dijín durante el fin de semana de la elección presidencial. Peralta se declara inocente y atribuye el proceso a una persecución política.
Torres, en la ruta de la financiación de campaña
Euclides Torres Romero encabeza el clan Torres, que tiene su centro de operaciones en Puerto Colombia, Atlántico. Junto con sus hermanos maneja un conglomerado de al menos 40 empresas que obtienen contratos estatales.
Su nombre surgió en el proceso contra Nicolás Petro Burgos, hijo del expresidente Gustavo Petro, por chats en los que lo mencionan como presunto financiador de la campaña presidencial de 2022.
El Consejo Nacional Electoral lo citó a declarar sobre esa financiación. La Corte Suprema también lo escuchó como testigo en las investigaciones sobre las campañas de Agmeth Escaf y Pedro Flórez. Torres nunca ha sido condenado ni sancionado.
Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento de la senadora ni del empresario sobre la revocatoria.
