EPS Asmet Salud pierde su interventor: Procuraduría suspende al cuarto del Gobierno Petro por fallas en salud

Laín Eduardo López, interventor de Asmet Salud, fue apartado provisionalmente tres meses por presunto deterioro en la atención a más de 1,5 millones de afiliados.
3 horas atrás
Foto: Redes Sociales.

La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente por tres meses a Laín Eduardo López Martínez, interventor de la EPS Asmet Salud desde noviembre de 2025. Con esta decisión, López se convierte en el cuarto funcionario nombrado por el Gobierno Petro al frente de una EPS intervenida que el Ministerio Público aparta del cargo.

El ente de control sustenta la medida en un presunto deterioro de la prestación del servicio de salud a los más de 1,5 millones de afiliados de Asmet Salud, el 96% de ellos pertenecientes al régimen subsidiado. La Procuraduría constató preliminarmente un aumento en la siniestralidad, contratación irregular, disminución del patrimonio y una atención calificada como precaria e ineficiente.

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El Gobierno Nacional intervino Asmet Salud en mayo de 2023. La Superintendencia de Salud argumentó graves fallas en sus servicios y en el manejo de recursos, y prorrogó la medida en 2024 y 2025. La intervención se extiende al menos hasta mayo de 2026, pero ya no contará con López al mando.

La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa abrió una investigación contra López y contra los cinco interventores que lo antecedieron: Luis Carlos Gómez Núñez, Rafael Joaquín Manjarrés González, Javier Ignacio Cormane Fandiño, Gloria Libia Polanía Aguillón y Raúl Andrés Munévar.

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La suspensión de López llega una semana después de que la Procuraduría apartara del cargo a Alexander Mesa Romero, interventor de Coosalud, otra EPS bajo control del Gobierno. Mesa fue el tercer funcionario suspendido en este tipo de casos.

El Gobierno Petro administra actualmente ocho EPS: Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS, Savia Salud y Servicio Occidental de Salud, todas con indicadores que el ente de control califica como deteriorados bajo la gestión estatal.