El presidente Gustavo Petro lanzó una denuncia directa contra el sistema electoral colombiano, empresas privadas cuyos dueños tienen intereses políticos definidos serían las responsables de designar y capacitar a los jurados de votación, con el objetivo de inclinar el resultado a favor de determinadas candidaturas.
El mandatario hizo la denuncia a través de sus redes sociales y puso como ejemplo concreto lo ocurrido en el Valle del Cauca, donde según afirmó, esas compañías entrenaron a los jurados “en el arte de hacer ganar su candidatura”.
Para Petro, este mecanismo no opera de forma aislada. Lo conectó directamente con otra irregularidad que señaló en el proceso, la existencia de formularios electorales con casillas en blanco y tachones, documentos que forman parte del registro oficial de cada mesa y que se analizan durante los escrutinios. Según el presidente, ese tipo de inconsistencias abre la puerta a alteraciones en el conteo de votos.
Ante ese panorama, Petro fue claro en lo que exige, un cambio estructural en la forma en que Colombia organiza sus elecciones. El punto central de su reclamo es la auditoría técnica del software electoral, que calificó como “imperativa”, y cuestionó que las veedurías nacionales e internacionales se limiten a validar resultados en lugar de garantizar transparencia real durante todo el proceso.
El presidente también convocó a abogados con experiencia electoral para integrarse a las comisiones de escrutinio en todo el País, ante lo que describió como diferencias entre el preconteo divulgado el 8 de marzo y los votos que efectivamente aparecen en las urnas.
Sus denuncias llegan en medio de un escrutinio legislativo ya de por sí tenso. Desde Corferias, la comisión del Pacto Histórico alertó sobre presuntas irregularidades en mesas de distintas regiones del país y aseguró que más de 400 mil votos pudieron haber sido desviados, lo que según esa colectividad representaría curules adicionales en Senado y Cámara.
Las acusaciones del presidente contrastan con las conclusiones preliminares de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que describió la jornada del 8 de marzo como pacífica, transparente y bien organizada.
