El senador Iván Cepeda, líder de la oposición política, denunció que las primeras decisiones anunciadas por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, configuran lo que calificó como un gobierno paramilitar, tras analizar tres políticas concretas expuestas en documentos y declaraciones públicas del mandatario entrante.
Cepeda recordó que, según la Comisión de la Verdad creada en el marco del Acuerdo de Paz de 2016, al menos 800.000 colombianos fueron asesinados durante siete décadas de conflicto armado y violencia política, periodo en el que, según sostuvo, los gobiernos de extrema derecha incorporaron sistemáticamente la violación de derechos humanos.
El primer señalamiento del dirigente apunta a la creación de los llamados bloques de búsqueda urbanos y primeras líneas de seguridad, integrados por veteranos y reservistas. “No se trata de un calificativo apresurado o alarmista, sino el análisis sereno de las siguientes tres políticas concretas”, afirmó Cepeda, al advertir que delegar funciones de orden público en particulares “constituye una ruptura de uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho”.
El segundo punto se refiere a la eventual desaparición de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y el regreso del Esmad. Cepeda sostuvo que, bajo su gestión como parte del Gobierno saliente, “se acabaron las movilizaciones con jóvenes, heridos o asesinados”, mientras acusó a De la Espriella y a alcaldes como Federico Gutiérrez y Alejandro Eder de amenazar con “cero tolerancia” frente a las protestas.
El tercer eje cuestiona el plan de construir diez cárceles privadas administradas por el sector privado, contempladas en el programa “Colombia, Patria Milagro”, que además contempla sustituir al Inpec por un nuevo Cuerpo Nacional de Prisión integrado por veteranos y reservistas.
Cepeda recordó que denunció penalmente a De la Espriella por presuntos vínculos con estructuras paramilitares, y pidió a la Defensoría del Pueblo, la CIDH y la ONU vigilar el desarrollo institucional del país. El dirigente reiteró su llamado a la desobediencia civil pacífica frente a lo que calificó como una amenaza inconstitucional contra la democracia.
