La eliminación de barreras tributarias podría reducir la informalidad empresarial que actualmente alcanza el 62% en Córdoba, según planteó la Cámara de Comercio de Montería. La entidad gremial presentó un acuerdo con la Asamblea Departamental para suprimir el impuesto de registro que deben pagar los nuevos empresarios jóvenes.
“Estamos llegando a un acuerdo por la formalización empresarial de Córdoba, eliminando barreras tributarias que impiden la formalización”, explicó Álvaro Sepúlveda, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Montería, tras una reunión con diputados departamentales.
El principal obstáculo identificado es el costo del impuesto de registro, que supera los 300,000 pesos para nuevos empresarios, cifra que contradice los beneficios otorgados por la Ley 1780, que estableció matrícula gratuita para emprendedores entre 18 y 35 años.
“No es posible que en Córdoba sea más caro el impuesto de registro que la tarifa de formalización que es cero”, cuestionó Sepúlveda, quien señaló la incoherencia de cobrar un tributo departamental que supera la tarifa nacional de formalización empresarial.
La propuesta afectaría mínimamente las finanzas departamentales. Según datos presentados, la Cámara de Comercio transfiere anualmente 1,900 millones de pesos a la Gobernación por impuesto de registro, de los cuales solo 59 millones corresponden a creación de pequeñas empresas jóvenes.
El impacto de la informalidad se refleja también en los indicadores de competitividad regional. Córdoba obtuvo apenas 1.51 puntos sobre 10 en el indicador de entorno para hacer negocios, posicionándolo entre los departamentos menos competitivos del país.
La medida propuesta busca replicar acciones como las implementadas por la Alcaldía de Montería, que ya otorgó incentivos en el impuesto de Industria y Comercio para empresarios inscritos hasta diciembre de 2025.
La Cámara de Comercio y seis diputados acordaron establecer una mesa técnica para el 24 de marzo, donde estructurarán el proyecto de ordenanza que deberá ser presentado por el gobernador ante la Asamblea Departamental para su discusión y eventual aprobación.
