@javierdelahoz20
En Ikot Ada Udo, una aldea del delta del Níger, un hombre llamado Friday Akpan vio cómo el petróleo de un oleoducto arruinaba los estanques de peces de los que vivía, a miles de kilómetros de allí, en una sala de La Haya, unos jueces que nunca habían pisado el delta terminaron decidiendo quién debía pagar ese daño. Entre ambos lugares hay un océano, dos idiomas, dos sistemas jurídicos y una pregunta que durante siglos pareció tener una respuesta obvia; ¿dónde debe juzgarse un daño ambiental?, donde ocurre, se decía, hoy día esa respuesta ya no es tan cierta.
El delta del Níger es la región donde uno de los ríos más largos de África se divide en cientos de brazos antes de llegar al océano Atlántico, en el sur de Nigeria, es uno de los humedales más extensos del mundo, un territorio de manglares, ríos y pantanos donde millones de personas viven de la pesca y de la tierra, pero también es el corazón petrolero del país, desde mediados del siglo pasado concentra la mayor parte de su producción de crudo, y miles de kilómetros de oleoductos atraviesan aldeas, cultivos y cuerpos de agua, pocas regiones del mundo reflejan con tanta claridad la difícil convivencia entre la riqueza del subsuelo y la vida de quienes habitan esas regiones.
La historia empezó con cuatro derrames de petróleo ocurridos entre 2004 y 2007 en tres aldeas nigerianas, Oruma, Goi e Ikot Ada Udo, luego en 2008, cuatro agricultores y pescadores decidieron demandar no solo en su país, llevaron su caso ante los tribunales de los Países Bajos contra Shell, cuya sede principal estaba entonces en La Haya, y pidieron la limpieza de sus tierras y la reparación del daño.
La empresa sostuvo que el caso debía debatirse en un tribunal nigeriano, los jueces holandeses no aceptaron ese argumento, la compañía también atribuyó la contaminación a sabotajes y afirmó haber limpiado los sitios, en el fondo el asunto se trataba de saber si una casa matriz puede quedar por fuera de las responsabilidades derivadas de lo que hacen sus filiales en otro continente.
En 2021, el tribunal de apelación de La Haya ordenó compensar a los agricultores, limpiar la contaminación e instalar un sistema de detección de fugas cerca de Oruma, un año después llegó el acuerdo, quince millones de euros para las comunidades y los demandantes, pagados por la filial nigeriana, con la precisión expresa de que no implicaba un reconocimiento de responsabilidad. Un dato, los cuatro demandantes murieron durante el proceso, y fueron sus comunidades las que continuaron la acción hasta el final.
Para una empresa del tamaño de Shell, quince millones de euros no son una cifra que afecte demasiado su caja, lo que sí altera el panorama es el precedente, un tribunal europeo aceptó juzgar un daño ocurrido en África, con la empresa matriz llamada a responder en su propio país, eso si que preocupa.
No es un episodio aislado, en el Reino Unido, la Corte Suprema permitió en 2021 que avanzaran demandas contra la casa matriz de Shell por actuaciones de su filial en Nigeria, los analistas lo describen como parte de una tendencia más amplia en la que los tribunales ingleses dejan avanzar reclamaciones contra empresas matrices por los actos de sus filiales en el exterior.
Del otro lado del mundo en Mariana, Brasil el 5 de noviembre de 2015 colapsó la presa de residuos mineros de Fundão, es considerado el peor desastre ambiental de la historia de ese país, liberó 40 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos y afectó más de 700 kilómetros de ecosistemas fluviales, años después, los afectados acudieron a Cortes en Londres, más de 600.000 demandantes, entre personas, municipios, empresas de servicios públicos, instituciones religiosas y comercios. En 2020, un juez inglés rechazó el caso por considerarlo inmanejable, pero esa decisión fue revocada y el 14 de noviembre de 2025, el Tribunal Superior de Inglaterra declaró responsable a la minera BHP bajo la ley ambiental y el Código Civil brasileños, la jueza concluyó que desde agosto de 2014 la empresa sabía o debió saber de serios problemas estructurales en la presa, y reconoció que los municipios brasileños tenían legitimación para demandar en Inglaterra.
Una jueza inglesa aplicó derecho ambiental brasileño, a favor de municipios brasileños, contra una empresa con sede en Londres, la ley no cambió, cambió el lugar desde donde se hizo cumplir.
La misma lógica de esos precedentes intenta llegar a otro nivel en los litigios climáticos, el pasado 5 de octubre, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchó a la ciudad y al condado de Boulder, en Colorado, quienes demandan a dos petroleras para que contribuyan a pagar los costos de adaptarse al cambio climático, la discusión no es idéntica a la de Nigeria o Mariana, pero el debate de fondo es el mismo, y es establecer qué juez puede decidir sobre un daño cuyo origen está lejos de quien lo sufre, la respuesta llegará prevablemente en 2027.
Colombia no es ajena a esta discusión, en nuestro territorio operan empresas mineras, energéticas, agroindustriales, de servicios públicos y de infraestructura cuyas casas matrices están domiciliadas en Europa, el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá o Australia. El camino que recorrieron los agricultores de Oruma o los municipios de Mariana está abierto, de hecho Europa ha ido más lejos, con la Directiva europea sobre debida diligencia empresarial en materia de sostenibilidad quiso convertir en obligación legal que las empresas conozcan y gestionen los impactos de su cadena de valor, aun después del recorte que trajo el proceso de simplificación, la idea central sobrevive; lo que ocurre en un río territorio lejanos ya no es un asunto exclusivamente local para quien toma las decisiones en la sede principal, sino tomas las debidas precauciones, la consecuencia te va a llegar.
De aquí se desprenden lecciones prácticas, para las empresas que operan en Colombia, la debida diligencia dejó de ser un capítulo del informe anual de sostenibilidad, es cada vez más, la prueba que leerá un juez extranjero. El caso de Mariana se decidió en buena medida sobre una pregunta muy concreta, qué sabía la empresa y desde cuándo, las actas, las alertas técnicas y las decisiones aplazadas son hoy material probatorio, no simples documentos internos.
Para el Estado, la lección es igual de clara, cuando la justicia local responde tarde o no responde, el litigio busca otro escenario, no es un problema de soberanía, es un problema de capacidad. La mejor defensa de la jurisdicción nacional es una justicia que resuelva a tiempo, con jueces que comprendan el daño ambiental en toda su complejidad.
El camino existe, pero es largo, costoso y exige preparación jurídica y probatoria de primer nivel. En el caso de Nigeria tomó trece años, y ninguno de quienes lo iniciaron vivió para ver el final.
No se trata de activismo ni de alarmismo ambiental y climático, se trata de responsabilidad jurídica, quien causa un daño, responde, y hoy puede tener que hacerlo en la jurisdicción donde se tomaron las decisiones. Para cualquier empresa que opere en Colombia, eso convierte la debida diligencia ambiental en un asunto de gobierno corporativo y de gestión de riesgos, no de reputación, y mucho menos de exhibir premios en tarimas, el asunto ya no es si este riesgo existe, es si las juntas directivas están preparadas para responder por él.





