La polémica declaración de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, ante la Corte Suprema de Justicia, ha desencadenado un intenso debate político en Colombia. López sugirió la existencia de un plan para entregar contratos gubernamentales al ELN, lo que ha llevado a la oposición a acusar al presidente Gustavo Petro de posible financiación al terrorismo.
La congresista Paola Holguín instó a la Corte Suprema a investigar estas alegaciones, señalando que podrían constituir un delito según el artículo 345 del Código Penal colombiano.
En respuesta, el presidente Petro utilizó su cuenta de Twitter para rebatir estas acusaciones. “No deja de ser paradójico que quienes representan a gobiernos que dejaron que instituciones públicas y dineros públicos financiaran paramilitares (…) hoy crean que hacemos lo mismo. El ladrón juzga por su condición”, escribió el mandatario.
Petro argumentó que gobiernos anteriores permitieron que entidades como Ecopetrol, EPS y universidades públicas financiaran grupos paramilitares, sugiriendo que las acusaciones actuales son una proyección de prácticas pasadas.
Mientras tanto, se ha anunciado que el presidente Petro deberá declarar ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en relación con la investigación sobre corrupción en la UNGRD. Esta declaración se realizará por certificación juramentada, según lo permite la ley.
No deja de ser paradójico que quienes representan a gobiernos que dejaron que insituciones públicas y dineros públicos financiaran paramilitares como Ecopetrol, como los cupos parlamentarios del DRI, como la entrega de armas por multinacionales, como las EPS que trasladaron… https://t.co/gGVMSlpOTJ
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 17, 2024
El magistrado Francisco Javier Farfán también ha ordenado una inspección judicial a las oficinas de la Presidencia y las Secretarías del Senado y la Cámara de Representantes, buscando información sobre el trámite de las reformas a la salud y pensional.
