El Ministerio del Trabajo dio un paso que encendió las alarmas en el sector financiero: publicó para comentarios un borrador de decreto que obligaría a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a transferir de manera inmediata la totalidad de los recursos acumulados de los afiliados que se trasladaron al Régimen de Prima Media, administrado por Colpensiones.
Según Asofondos, el gremio que agrupa a los fondos privados, el monto en juego supera los 25 billones de pesos.
El problema central es que esa propuesta choca directamente con lo que establece el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, norma que precisamente la Corte Constitucional dejó vigente al suspender el resto de la reforma pensional.
Ese artículo dice con claridad que los recursos de los afiliados trasladados deben permanecer en los fondos privados hasta que cada persona llegue a la edad de pensión, momento en el que pasarían a un fondo especial administrado por el Banco de la República.
El decreto del Ministerio plantea exactamente lo contrario: que las AFP giren esos recursos a Colpensiones de forma inmediata, sin esperar ni la edad de pensión del afiliado ni el fallo definitivo de la Corte.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, advirtió que ese movimiento podría liberar espacio presupuestal equivalente al monto transferido, lo que abriría la puerta a que esos recursos terminen destinados a otros fines. También alertó sobre la ausencia de un marco contable claro para manejar ese dinero dentro de Colpensiones.
El contexto no es menor: 119.632 colombianos ya ejercieron su derecho al traslado bajo la llamada “ventana de oportunidad”, que permitió cambiar de régimen a quienes estaban a menos de diez años de pensionarse y cumplían con semanas mínimas cotizadas. En 2024, los traslados entre regímenes movieron 15,3 billones de pesos, frente a 12,9 billones el año anterior.
Mientras la Corte Constitucional resuelve la constitucionalidad de la reforma en su conjunto, este decreto quedó en el centro del debate jurídico y fiscal, con trabajadores, fondos privados y expertos esperando una definición que despeje la incertidumbre sobre el futuro de esos ahorros.
