Una controversia sobre la financiación del Pueblito Cordobés enfrentó al gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), luego de la publicación de un video institucional en el que la entidad atribuyó al Gobierno Nacional recursos por 25 mil millones de pesos para esa obra turística.
Zuleta aseguró que el proyecto se ejecutó exclusivamente con recursos del departamento y rechazó que el Gobierno Nacional se adjudique su financiación.
A través de sus redes sociales afirmó: “El Gobierno Nacional en nada aportó” al desarrollo de la iniciativa, considerada uno de los principales atractivos turísticos construidos recientemente en Córdoba.
El mandatario departamental cuestionó la información divulgada por el DNP y pidió que las entidades nacionales no presenten como propios proyectos financiados por el territorio.
En su pronunciamiento señaló: “Este proyecto no mientan, dejen de ser tan politiqueros y más bien ayuden a que algunos proyectos que necesitan de gestiones administrativas de ustedes en Bogotá puedan avanzar”.
La discusión surgió después de que la cuenta oficial del DNP en Instagram difundiera un video sobre el Pueblito Cordobés, donde se indicó que la inversión ascendió a 25 mil millones de pesos mediante recursos del Sistema General de Regalías.
Al debate también se sumó el exgobernador Orlando Benítez Mora, durante cuya administración se construyó la obra. El exmandatario sostuvo que los recursos utilizados provinieron de Córdoba y afirmó que el Gobierno Nacional ha intentado atribuirse otras iniciativas ejecutadas en el departamento.
Benítez mencionó como ejemplo los laboratorios de la Universidad de Córdoba y aseguró que tanto esos proyectos como el Pueblito Cordobés fueron planeados, financiados y culminados con recursos regionales. “Todas estas obras son con recursos públicos de los cordobeses”, manifestó.
La controversia abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre el origen de los recursos destinados a proyectos de infraestructura y turismo en Córdoba, mientras las partes mantienen posiciones opuestas sobre la participación del Gobierno Nacional en la ejecución de la obra.
