El Departamento de Justicia de Estados Unidos se pronunció en las últimas horas y defendió la legalidad de los ataques militares contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, que han dejado al menos 76 personas muertas en las últimas semanas.
“Los ataques fueron ordenados de acuerdo con las leyes de conflicto armado y, como tales, son órdenes legales”, declaró un portavoz de la institución. El vocero añadió que el personal militar que ejecutó las órdenes no puede ser procesado judicialmente porque estaba “legalmente obligado a seguir órdenes lícitas”.
La posición del gobierno estadounidense contrasta con el llamado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien instó a Washington a investigar la legalidad de estos operativos. El funcionario alertó sobre “fuertes indicios” de que los ataques constituyen “ejecuciones extrajudiciales”.
Turk enfatizó que las operaciones contra presuntos traficantes deberían ser “operaciones de aplicación de la ley” sujetas a la reglamentación internacional sobre derechos humanos. “El uso de fuerza letal tiene que ser extremadamente limitado. Tiene que ser el último recurso absoluto frente a un ataque inmediato. Eso no es lo que estamos viendo”, comentó.
El ataque más reciente ocurrió durante el fin de semana en el Pacífico y dejó seis personas muertas, según informó el secretario de Defensa Pete Hegseth. El diario Washington Post reveló que el Departamento de Justicia redactó un informe clasificado en julio que establece la base legal para los ataques.
La administración del presidente Donald Trump envió una carta al Congreso describiendo estas acciones como parte de un “conflicto armado” contra carteles latinoamericanos calificados como grupos terroristas
