El Ejército Nacional se desligó de la responsabilidad sobre la operación de una mina de oro ilegal en La Mandinga, ubicada en Cáceres, Antioquia. Según la institución, la finca donde laboran entre 2.000 y 2.500 mineros pertenece a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y no forma parte del perímetro del Cantón Militar del Batallón de Infantería No. 31 Rifles.
La aclaración del Ejército llega después de que el fotoperiodista Federico Ríos publicara un reportaje en el New York Times documentando operaciones mineras con drones y trabajo de campo en la zona.
El reportaje mostró mangueras de alta presión, maquinaria pesada y generadores diésel extrayendo oro en un terreno transformado en lodo y pozos contaminados, operación que el Ejército ahora sostiene queda fuera de su jurisdicción.
La institución castrense aseguró que “hemos realizado 20 intervenciones en el lugar desde que reportamos la situación a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la República en el año 2022”. Esta cifra contrasta con las evidencias que Ríos documentó sobre operaciones mineras continuas.
El desplazamiento de responsabilidad hacia la SAE abre interrogantes sobre supervisión estatal. Si la entidad administra formalmente la propiedad, los cuestionamientos sobre omisión institucional se trasladan a esa dependencia.
Sin embargo, la proximidad entre la finca y las instalaciones militares mantiene bajo escrutinio el rol del Ejército en control territorial.
Entre 2.000 y 2.500 mineros extraen oro en La Mandinga bajo dominio del Clan del Golfo. El grupo armado cobra derechos de explotación, convirtiendo la operación en fuente de financiación de actividades ilícitas. El oro ha ingresado a mercados internacionales, violando restricciones comerciales estadounidenses.
El Ministerio de Defensa ordenó investigaciones inmediatas. Las autoridades deben esclarecer si la SAE ejerció supervisión real sobre la propiedad o permitió funcionamiento de operaciones criminales durante años.
