En una investigación exclusiva, El Tiempo reveló que el gobierno de Estados Unidos no solo tuvo conocimiento de la compra del software espía Pegasus en Colombia, sino que además financió su adquisición. Así lo confirmaron dos altos funcionarios de la administración de Joe Biden en Washington y otro más en Bogotá, quienes estaban autorizados oficialmente para hablar del tema.
Según las fuentes, el aporte económico de EE.UU. para la adquisición de Pegasus fue de origen lícito y se enmarcó en un acuerdo de cooperación bilateral para la lucha contra el narcotráfico. Además, indicaron que la transacción se materializó en 2020, sin el conocimiento del entonces presidente colombiano Iván Duque.
Los funcionarios detallaron que, como parte de este acuerdo, el gobierno estadounidense se comprometió a proporcionar fondos a Colombia para adquirir Pegasus con el objetivo de impulsar la misión antinarcóticos. “Este esfuerzo, que implicó una estricta supervisión operativa, se llevó a cabo en el curso de nuestros compromisos normales y continuos con el gobierno colombiano en materia de lucha contra los estupefacientes“, afirmó uno de ellos.
La revelación da un nuevo giro a la investigación que ha exigido el presidente Gustavo Petro y que ya está en manos de la Fiscalía y la Procuraduría. Hasta ahora, se ha probado que hubo una operación por 11 millones de dólares que llegaron a Israel en efectivo, coincidiendo con el aterrizaje de dos vuelos procedentes de Tel-Aviv en la base Antinarcóticos de la Policía de Colombia en Bogotá.
Las fuentes aseguraron que el uso de Pegasus se suspendió en 2022, antes de que Petro asumiera la presidencia. Además, indicaron que no hay evidencia de que el software se haya utilizado indebidamente para vigilar a figuras políticas colombianas, sino que solo se empleó para monitorear a narcotraficantes.
Ante esta revelación, el presidente Petro reaccionó en su cuenta de X (antes Twitter): “Si es esto cierto si que serían peor las cosas”, dijo. Por su parte, la empresa israelí NSO Group, dueña de Pegasus, ha defendido que todas sus transacciones se realizaron de acuerdo con la ley y con la debida autorización y documentación en ambos países.
