EE. UU. acusa a 54 venezolanos por malware en cajeros; hay una actriz implicada

Entre las personas imputadas figura la actriz y Dj veenzolana, Jimena Romina Araya Navarro, mejor conocida como “Rosita”, identificada por el gobierno estadounidense como presunta dirigente del Tren de Aragua.
3 meses atrás
Foto | Suministrada

La Fiscalía Federal de Estados Unidos en el distrito de Nebraska anunció la imputación de 54 personas por su presunta participación en una extensa conspiración criminal dedicada al vaciamiento ilegal de cajeros automáticos mediante el uso de malware, una modalidad conocida como ATM jackpotting. Según las autoridades, la operación permitió el robo de millones de dólares en distintos estados del país.

Dos acusaciones formales, presentadas en octubre y diciembre de 2025, describen una red organizada que combinaba delitos informáticos, robos bancarios y lavado de activos. La investigación señala que parte del dinero obtenido habría sido transferido a miembros y aliados del Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano señalada por las autoridades estadounidenses como una amenaza transnacional.

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Entre las personas imputadas figura la actriz y Dj veenzolana, Jimena Romina Araya Navarro, mejor conocida como “Rosita”, identificada por el gobierno estadounidense como presunta dirigente del Tren de Aragua.

La acusación sostiene que habría brindado apoyo material a la organización y facilitado operaciones financieras relacionadas con el esquema de fraude a cajeros, además de mantener vínculos cercanos con su principal líder, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”.

De acuerdo con los documentos judiciales, los acusados utilizaban el malware Ploutus para manipular cajeros automáticos, forzándolos a dispensar efectivo sin autorización. Para ello realizaban labores de vigilancia, abrían los equipos y cargaban el software malicioso mediante dispositivos externos o discos duros alterados, procurando borrar rastros tras cada operación.

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Las autoridades advirtieron que, de ser hallados culpables, los acusados podrían enfrentar penas acumuladas de hasta varios siglos de prisión. El caso, subrayaron, evidencia la creciente sofisticación del crimen organizado y la cooperación entre agencias locales, estatales y federales para proteger el sistema financiero y la seguridad nacional.