El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, anunció el envío de las primeras 50 copias del Informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, documento que según él “recoge años de dolor, testimonios y pruebas” de violaciones a derechos humanos en el país.
“Quiero que nadie diga: ‘yo no sabía.’ La verdad está documentada. El mundo debe conocer los hechos. Y el cambio en Venezuela se construye con memoria y justicia”, expresó González, quien calificó el documento como uno “en el que no hay ideologías”.
El informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU, presentado al Consejo de Derechos Humanos, reveló que de las 25 muertes en protestas ocurridas entre el 29 y 30 de julio de 2024, los cuerpos de seguridad estatales estuvieron involucrados en al menos 12 casos. En Maracay, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y del Ejército dispararon contra manifestantes, causando seis muertes.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión, denunció que “la Fiscalía no ha informado sobre avances en las investigaciones, aunque desde el principio aseguró que los cuerpos de seguridad no tenían responsabilidad. Nuestra investigación ha revelado lo contrario: todas las muertes permanecen en la impunidad”.
El documento también reportó la muerte de cinco personas detenidas durante protestas, estableciendo que el Estado no brindó atención médica oportuna, sometiéndolas a “tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Aunque 2.006 de las 2.220 personas detenidas en 2024 fueron excarceladas, la Misión documentó al menos 200 nuevas detenciones selectivas contra críticos del gobierno. Alarmantemente, 220 niños entre 13 y 17 años fueron detenidos y sometidos a incomunicación, violencia sexual y violaciones al debido proceso.
El informe describe torturas sistemáticas incluyendo asfixia con bolsas plásticas, palizas, descargas eléctricas en genitales y amenazas de violación, señalando que los tribunales ignoran sistemáticamente las denuncias.
Valiñas concluyó: “Las evidencias confirman que el crimen de persecución por motivos políticos continúa en Venezuela, sin que ninguna autoridad nacional demuestre voluntad de prevenir, perseguir o castigar estas graves violaciones”.
