El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha decretado estado de excepción en todo el territorio nacional por un periodo de 60 días, en respuesta a la crisis energética que ha enfrenta el país. La decisión se produce en medio de una controversia sobre las causas que han llevado a esta delicada situación.
En el centro de la tormenta se encuentra el embalse de Mazar, el segundo más grande de Ecuador, ubicado en la provincia sureña andina de Azuay. Con una capacidad de almacenamiento de 410 millones de metros cúbicos de agua, este embalse abastece a tres centrales hidroeléctricas que generan más de un tercio de la demanda nacional de energía. Sin embargo, el Gobierno ha admitido que el embalse carece de reservas para la generación de electricidad y se encuentra fuera de operación desde el martes por la tarde.
La situación se ha visto agravada por la suspensión del suministro de electricidad de Colombia, que también enfrenta una sequía grave y no cuenta con excedente de energía para exportar. Ante este escenario, el Gobierno ecuatoriano ha tomado medidas drásticas, suspendiendo la jornada laboral y escolar para el jueves y viernes, y programando cortes de suministro eléctrico de hasta ocho horas en diferentes zonas del país.
El decreto de estado de excepción faculta al Ministerio de Economía a asignar los recursos necesarios para abordar la crisis, pudiendo utilizar los fondos públicos requeridos, con la excepción de aquellos destinados a salud y educación. Además, el Gobierno ha presentado una denuncia por presunto sabotaje contra veintidós personas, incluyendo a la exministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, por presuntamente ocultar información y no dar las alertas correspondientes frente a este escenario.
