Directora del ICBF denuncia amenazas y hostigamientos ante la Fiscalía, tras polémica por video en el Senado

Carolina Restrepo denunció amenazas y hostigamientos tras la difusión de un video sobre su intervención en el Senado.
1 hora atrás
Foto | ICBF

La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo Cañavera, presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia por las amenazas de muerte y hostigamientos que, según expuso, comenzó a recibir en redes sociales después de una controversia por su intervención ante la Comisión Séptima del Senado.

De acuerdo con la denuncia, la situación se habría desencadenado tras la publicación de un video relacionado con las declaraciones de Restrepo durante una sesión de control político y estudio del presupuesto del ICBF para 2027, donde se refirió al término familia. La funcionaria sostiene que el material habría sido editado y difundido de manera que alteró el contexto y el sentido de sus palabras.

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Restrepo pidió al ente investigador establecer si existe una relación entre la publicación del video y la posterior difusión de mensajes intimidantes contra ella.

Como parte de los elementos entregados, incluyó el registro original de la sesión, el video difundido en redes sociales, las transcripciones y una reconstrucción de los cortes y diferencias entre ambos contenidos.

La directora también puso en conocimiento de la Fiscalía publicaciones en las que, según la denuncia, se habría divulgado el lugar donde se encontraba y se habría manifestado la intención de algunas personas de acercarse a ella.

“Se divulga el lugar preciso en el que me encontraba y se anuncia, primero por una persona y luego por otra, la intención de acercarse a mí o de verme personalmente. Esa información, difundida ante miles de usuarios en medio de una reacción hostil, me lleva a temer por mi seguridad”, señaló Restrepo en el documento.

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La denuncia solicita investigar los hechos de manera integral, identificar a los responsables de los perfiles desde los cuales fueron difundidos los mensajes y determinar si existe responsabilidad penal.

El documento presentado ante la Fiscalía incluye una denuncia por el delito de amenazas contra servidores públicos y una querella por injuria contra quienes resulten responsables de las publicaciones señaladas por la funcionaria.