Una red de corruptos que traficaba con los contratos y los pagos de los mismos en la Unidad Nacional de Protección de la Presidencia de la República fue descubierta por la Fiscalía General de la Nación. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizó la captura del primero de los involucrados.
En dos años, un grupo de funcionarios deshonestos habría recibido 600 millones de pesos en sobornos
El director del CTI, Danny Julián Quintana, manifestó que la primera captura se dio cuando fue sorprendido en flagrancia el jefe financiero de la UNP, Luis Eduardo Molino, en momento en que recibía diez millones de pesos como una comisión ilícita por agilizar el pago de un contrato.
A Molino, la Fiscalía le imputó cargos por el delito de concusión y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario y fue enviado a los calabozos del búnker de la Fiscalía.
Pero no fue el único caso de corrupción encontrado. Quintana dijo que este lunes 25 de agosto, unidades del CTI ingresaron a la sede de la UNP para realizar un allanamiento que permitirá encontrar elementos materiales probatorios en el marco de la investigación en la UNP.
Los primeros hallazgos indican que algunos documentos revelan que los pliegos de condiciones de los procesos de contratación en la entidad fueron dirigidos para favorecer a particulares. Durante los últimos dos años, los funcionarios involucrados en estos hechos, que reflejan un alto grado de corrupción, recibieron 600 millones de pesos de coímas y sobornos por parte de quienes fueron favorecidos por los contratos.
Los pliegos de condiciones en la contratación estatal reflejan las características que los contratistas deben cumplir para competir en igualdad de condiciones en los procesos de adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. El realizar ajustes que permitan favorecer a cualquiera de los participantes viola los principios fundamentales de la contratación administrativa.
Según Quintana, para el caso específico, quienes hayan incurrido en estos hechos podrán ser judicializados por los delitos de concusión y cohecho.