El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que presentará una denuncia formal contra el líder del grupo armado conocido como “Iván Mordisco” ante la Corte Penal Internacional (CPI). “Denunciaré a Iván Mordisco ante la Corte Penal Internacional, por inflingir el estatuto de Roma a través del reclutamiento sistemático de niños”, una práctica que, según el mandatario, se ha enfocado especialmente en comunidades indígenas y ha afectado a más de 200 menores. Petro tildó a “Mordisco” de terrorista, citando atentados con bombas contra civiles en Cali y el Cauca, y lo identificó como un gran comerciante ilegal de cocaína y minerales.
El mandatario enmarcó esta decisión dentro de su estrategia de Paz Total, la cual, aseguró, “ha logrado liberar a 2.411 menores de edad del conflicto armado bajo su administración” señaló.
Además, destacó el éxito de los diálogos en zonas de alta producción de cocaína como Nariño y Putumayo, donde se ha visto una reducción de la violencia, la entrega de explosivos y la liberación de niños combatientes. Un comportamiento similar se observa en la zona del Darién y se espera replicar en Córdoba, junto con procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.
Petro explicó que su apoyo a los procesos de paz se basa en la necesidad de evitar la incorporación de niños en la guerra, un problema histórico en el país.
El presidente sostuvo que la paz enfrenta obstáculos por movimientos que buscan perpetuar el conflicto para obtener réditos políticos o por el control de economías ilícitas. Aclaró que su gobierno se ha enfocado en grupos que se fortalecieron durante la administración anterior, desmintiendo la creación de nuevos grupos armados bajo su mandato. Solo existe una disidencia real de las FARC conformada por quienes no firmaron el acuerdo de paz inicial, siendo los demás producto de la reincorporación a las armas de excombatientes que vieron la paz “entrampada.”
El jefe de Estado denunció que “la ambición de “Iván Mordisco” y su grupo va más allá del narcotráfico, buscando apropiarse de campos de minerales raros, extendiendo su influencia desde el Guaviare colombiano hasta el Esequibo”, lo que motivó la coordinación de inteligencia policial con Venezuela y otros países amazónicos en la reunión de Manaos, Brasil.
Finalmente, Petro reiteró que, “si bien la fuerza del Estado responderá a las acciones ofensivas de los grupos armados, los espacios de diálogo socio jurídico siguen abiertos”. La condición ineludible para estos diálogos es la liberación de menores, el respeto a la población civil y el compromiso con la sustitución de la economía ilícita. Las operaciones militares, concluyó, seguirán respetando estrictamente el Derecho Internacional Humanitario.
