Una demanda radicada ante el Consejo de Estado busca anular la norma que exige la presencia del ministro de Hacienda en la junta directiva del Banco de la República. El demandante sostiene que esta exigencia vulnera dos artículos de la Constitución Política que garantizan la autonomía del emisor, y que condicionar el quórum a la asistencia del jefe de esa cartera le otorga al Gobierno Nacional “un poder de veto” sobre las decisiones del órgano rector de la política monetaria del país.
El argumento central de la acción jurídica apunta a una tensión constitucional de fondo: si la presencia del ministro de Hacienda es requisito para sesionar, el Ejecutivo adquiere una capacidad de bloqueo que riñe con la independencia que la Constitución le reconoce al Banco de la República frente al Gobierno Nacional.
La demanda llega en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la junta directiva del Banco de la República. En los últimos meses, el mandatario ha cuestionado públicamente las decisiones del emisor en materia de tasas de interés y ha impulsado cambios normativos orientados a ampliar la influencia del Ejecutivo sobre la institución.
La exigencia de la presencia ministerial como condición de quórum es precisamente uno de los mecanismos que los críticos de esa política han señalado como una herramienta para que el Gobierno incida en las deliberaciones de la junta, incluso sin necesidad de votar directamente.
El Consejo de Estado deberá analizar si la norma demandada se ajusta a los preceptos constitucionales que blindan la autonomía del Banco de la República, institución cuya independencia frente al poder político es considerada un pilar del ordenamiento económico e institucional colombiano.
