La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, le solicitó a la Asamblea Nacional la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.
La petición quedó consignada en una carta fechada el 28 de septiembre y dirigida al presidente del Legislativo, el diputado Jorge Rodríguez Gómez. Según el documento, la reforma “tiene por objeto avanzar en la despenalización de las conductas previstas” en esa norma.
“Seguimos dando pasos hacia una nueva etapa de convivencia ciudadana en Venezuela”, escribió la mandataria en su cuenta de X.
La ley rige desde el 8 de noviembre de 2017, cuando la promulgó la Asamblea Nacional Constituyente. Su texto se publicó en la Gaceta Oficial N.° 41.276 del 10 de noviembre de ese año.
Esa norma contempla penas de 10 a 20 años de prisión. También faculta el cierre de medios de comunicación y la ilegalización de partidos políticos.
Las cifras oficiales sobre su aplicación son escasas, por lo que los registros provienen de organizaciones no gubernamentales.
A partir de las oleadas represivas del 2024 y los años posteriores, el cargo de “incitación al odio” (Artículo 20) se convirtió en la acusación estándar utilizada de forma genérica por el Ministerio Público contra casi cualquier ciudadano, manifestante, periodista o usuario de redes sociales detenido por motivos políticos.
De acuerdo con el corte más reciente de la ONG Foro Penal, para septiembre de 2026 se registran 344 presos políticos activos en el país; una cifra que llegó a superar los 500 a inicios de año pero disminuyó parcialmente debido a la aplicación de una Ley de Amnistía aprobada en febrero. Gran parte de los civiles en este grupo, así como miles de personas que pasaron por el sistema penal y hoy tienen medidas cautelares, fueron imputados bajo esta ley.
La ONG Espacio Público reportó que solo entre enero y agosto del 2026, al menos 6 personas fueron arrestadas y procesadas formalmente por “incitación al odio” debido a expresiones o publicaciones en medios digitales.
Entre las víctimas documentadas figuran periodistas, trabajadores de prensa, opositores y ciudadanos que se manifestaron en redes sociales o en medios de comunicación en contra de las políticas de Nicolás Maduro, hoy preso en New York.
Rodríguez pidió tramitar la iniciativa con carácter de urgencia.
