La Defensoría del Pueblo rechazó el atentado contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Neiva, Huila, que cobró la vida del hijo de 11 años de edad, del director del establecimiento de mediana seguridad y dejó gravemente herido al subdirector del centro de reclusión.
La entidad advirtió que este hecho no puede ser entendido como caso aislado, sumándose a una cadena de violencias que incluye el asesinato del director de la Cárcel Modelo en mayo de 2024 y múltiples atentados contra funcionarios del Inpec en 2025 que cobraron la vida de dragoneantes y servidores administrativos en Bogotá, Cali, Tulúa, Armenia y Cartagena.
“La persistencia de estos hechos evidencia fallas graves en las estrategias de prevención y protección”, señaló la Defensoría, reiterando la urgente necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad del cuerpo de custodia y vigilancia del Inpec y de todo el personal penitenciario.
Desde octubre de 2025, la Defensoría ha recomendado al Ministerio de Justicia evaluar integralmente las condiciones laborales y de seguridad del personal penitenciario, fortalecer la coordinación interinstitucional en los traslados, revisar perfiles de riesgo, diseñar una ruta integral de protección a la vida, y brindar acompañamiento psicosocial y jurídico a las familias de funcionarios heridos o fallecidos.
La entidad instó a la Fiscalía a adelantar investigaciones prontas y eficaces, a las autoridades a adoptar medidas efectivas de protección para servidores del sistema penitenciario y sus familias, y al Gobierno a priorizar el diseño e implementación de una política robusta de protección.
