La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, instó a las autoridades locales, departamentales y al Gobierno Nacional a aplicar un enfoque diferencial en la atención a las personas afectadas por las inundaciones en Córdoba, especialmente víctimas del conflicto armado, población migrante y ciudadanos con discapacidad
Durante su recorrido por albergues y zonas rurales del departamento, la funcionaria advirtió que la respuesta humanitaria no puede limitarse a la entrega de ayudas generales. La Defensoría identificó que muchas familias damnificadas enfrentan una doble o incluso triple vulnerabilidad.
Marín explicó que parte de la población impactada ya había sufrido desplazamiento forzado en el pasado y se asentó en áreas de alto riesgo. Ahora, tras la emergencia invernal, estas personas vuelven a perder bienes, cultivos y medios de sustento. Esa situación exige medidas específicas que reconozcan su condición previa.
La Defensora también alertó sobre la necesidad de caracterizar con precisión a los afectados. Según indicó, las autoridades deben identificar quiénes requieren apoyos diferenciados para garantizar acceso a salud, alimentación, vivienda y empleo. Sin esa información detallada, la recuperación podría dejar rezagados a sectores más frágiles.
Además, planteó que las decisiones sobre retornos o reubicaciones deben evaluarse con criterios técnicos y sociales. Promover el regreso inmediato a zonas propensas a nuevas inundaciones podría reproducir el riesgo.
