La Defensoría del Pueblo mantiene un riguroso seguimiento a las condiciones de vida de cientos de familias monterianas que permanecen en alojamientos temporales tras verse obligadas a abandonar sus hogares por las inundaciones que afectan al departamento de Córdoba.
Servidores de la entidad han realizado visitas constantes a los albergues habilitados en la capital cordobesa, donde se concentran familias provenientes tanto de la zona rural como urbana, desplazadas por el desbordamiento del río Sinú en los últimos días.
Durante los recorridos, los funcionarios han constatado de primera mano la situación humanitaria que enfrentan las comunidades afectadas. La labor de verificación se centra en identificar posibles vulneraciones de derechos, evaluar las condiciones de salubridad y detectar riesgos de contaminación en los espacios de alojamiento temporal.
La Defensoría examina aspectos críticos como el acceso a agua potable, la suficiencia de la alimentación suministrada, la disponibilidad de servicios de salud y la existencia de espacios seguros, prestando especial atención a grupos vulnerables como niñas, niños, personas mayores y población en situación de vulnerabilidad.
El rol constitucional de la entidad en estas circunstancias va más allá de la simple observación. Como invitado permanente en los Puestos de Mando Unificado, la Defensoría acompaña y hace seguimiento a la respuesta institucional frente a la emergencia, aportando desde su mandato preventivo y de vigilancia para garantizar que las medidas adoptadas prioricen la dignidad y el bienestar de las personas afectadas.
Además, la institución funciona como puente entre las comunidades damnificadas y las autoridades, elevando peticiones y solicitudes para que se les dé trámite oportuno. Esta labor de intermediación resulta fundamental para garantizar que las voces de los afectados sean escuchadas por quienes toman las decisiones.
La Defensoría del Pueblo ha reiterado su compromiso de continuar ejerciendo seguimiento permanente para contribuir a que la atención humanitaria sea integral, oportuna y respetuosa de los derechos fundamentales, no solo en Montería sino en otros territorios del país afectados por la emergencia invernal que azota la región Caribe.
