La Defensoría del Pueblo rechazó el ataque registrado este jueves 21 de mayo contra las sedes políticas de la candidata presidencial Paloma Valencia y del partido MIRA, en el marco de la jornada de manifestaciones en Bogotá, y pidió a las autoridades fortalecer la protección de los movimientos políticos afectados.
El organismo de control señaló que, si bien la protesta es un derecho constitucional protegido, lo es únicamente cuando se ejerce de manera pacífica. Advirtió que la agresión contra estas sedes no solo afecta bienes e infraestructura, sino que compromete las libertades políticas en un marco de pluralismo democrático y refleja un ambiente de agresividad creciente en el entorno electoral del país.
En su pronunciamiento, la Defensoría hizo tres llamados: a los manifestantes, para que ejerzan la protesta de forma pacífica y tramiten las diferencias ideológicas por vías democráticas; a las autoridades, para que protejan las sedes de los movimientos políticos; y a la opinión pública en general, para que no estigmatice la protesta social ni aliente discursos de odio contra quienes ejercen legítimamente su derecho a la movilización.
La entidad insistió en la necesidad de desescalar los discursos de confrontación y garantizar un clima de respeto para el debate democrático, especialmente a nueve días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo.
