La defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó sobre una reducción presupuestal proyectada para 2027 que afectaría el funcionamiento de la entidad. Según explicó, el recorte equivale al 11 % del total y disminuiría de forma significativa los recursos destinados a inversión.
La funcionaria indicó que, de concretarse la medida, la Defensoría contaría con apenas el 40 % de los recursos de inversión que tenía en 2024, lo que limitaría su capacidad operativa.
“Para el próximo año, el Gobierno Nacional ha puesto un nuevo techo para la Defensoría que implicaría de mantenerse una nueva reducción del presupuesto. Esto quiere decir que pasaríamos de tener en inversión 85.610.000, a tener 66.403.000”, afirmó Marín.
Ante este panorama, la defensora envió una comunicación formal al ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la que solicitó revisar la decisión y mantener el nivel de recursos asignados en 2024.
La alerta se centra en el impacto que tendría la disminución de fondos sobre las funciones de la entidad, especialmente en áreas relacionadas con la atención a ciudadanos y la defensa de derechos humanos.
El pronunciamiento de Marín se suma a las discusiones sobre la asignación de recursos públicos y el alcance de las entidades encargadas de la protección de derechos, en medio de la planificación presupuestal del Gobierno Nacional para los próximos años.
