La Defensoría del Pueblo alertó sobre una grave crisis humanitaria que afecta a comunidades ribereñas, indígenas y campesinas en las cuencas de los ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza, agudizada por paros armados y restricciones a la movilidad que se prolongan desde diciembre de 2025 en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Amazonas.
La situación se recrudeció esta semana tras circular un audio que anuncia un nuevo paro armado en las cuencas del Caquetá y el Caguán. Los hechos ocurren en medio de confrontaciones entre el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), al mando del alias “Iván Mordisco”, y el autodenominado Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), bajo el mando del alias “Calarcá Córdoba”.
En Putumayo, las autoridades suspendieron el servicio público fluvial y el transporte escolar para menores que habitan las riberas del río Caquetá y algunas rutas del Putumayo. En Puerto Guzmán, las restricciones amenazan a más de 6.300 personas, incluidas comunidades indígenas Nasa e Inga. En Puerto Leguízamo, la cifra de posibles afectados supera las 5.800 personas y ocho comunidades indígenas Murui Muina y Coreguaje.
En el departamento de Amazonas, 488 núcleos familiares que suman 1.706 personas permanecen confinadas. Se trata de integrantes de 14 comunidades del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (CRIMA), quienes reportan escasez de alimentos, falta de combustible para sus botes y dificultades para acceder a servicios básicos.
La crisis también amenaza el proceso electoral del 31 de mayo. Las restricciones fluviales dificultan el transporte de material electoral y la instalación de 12 mesas de votación en Puerto Leguízamo y 14 en Puerto Guzmán.
En Caquetá, la movilidad suspendida afecta el sector oriental de Cartagena del Chairá y las comunidades ribereñas del Orteguaza.
