La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el riesgo de una intensificación de la violencia tras una serie de ataques, hostigamientos y hechos con artefactos explosivos ocurridos el 7 y 8 de agosto en distintas zonas del territorio nacional. Cauca y Nariño concentraron la mayor cantidad de episodios, mientras Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare también reportaron incidentes similares.
La entidad precisó que las autorías y circunstancias de buena parte de estos hechos siguen bajo verificación. En un lapso breve se documentaron agresiones con armas de fuego, drones y explosivos dirigidas principalmente contra sedes de la Fuerza Pública, infraestructura vial y corredores estratégicos.
Según el organismo, la evidencia recopilada hasta ahora no permite hablar de una ofensiva coordinada a escala nacional. Los ataques responderían más bien a dinámicas propias de cada territorio y a la fragmentación de las estructuras armadas ilegales que operan en esas regiones.
Varios episodios tuvieron lugar en cascos urbanos municipales y cerca de viviendas, comercios y vías de uso cotidiano, generando afectaciones a civiles y restricciones de movilidad.
La entidad exigió a los grupos armados ilegales respetar los principios de distinción, precaución y proporcionalidad del derecho internacional humanitario, además de abstenerse de acciones que pongan en riesgo a los civiles. Recordó que la presencia de un objetivo militar en zonas pobladas no exime la obligación de proteger a las personas y bienes cercanos.
Con el nuevo Gobierno Nacional apenas iniciando su gestión, la Defensoría planteó la necesidad de una respuesta estatal integral que combine acciones del sector defensa con medidas de prevención y protección territorial.
