Colombia enfrenta una crisis estructural en su sistema de salud que va más allá de los titulares: nueve de cada diez pacientes no reciben sus medicamentos de manera completa u oportuna, según revela un informe de la Defensoría del Pueblo que analizó 3.449 casos en todo el territorio nacional.
La radiografía es alarmante. Entre 2022 y 2025, las tutelas en salud aumentaron 34%, mientras que la Superintendencia Nacional de Salud registró 685.000 reclamos solo por medicamentos en 2025.
El dato más revelador: la mayoría de estos medicamentos están incluidos en el Plan de Beneficios de Salud (PBS), es decir, deberían ser gratuitos para los afiliados.
Un sistema que gasta más pero entrega menos
La paradoja del sistema colombiano se refleja en las cifras: el valor de las ventas de medicamentos aumentó 9% entre 2022 y 2024, pero las unidades vendidas se redujeron 2%. ¿Dónde están esos medicamentos? En las droguerías privadas. Por primera vez en años, el canal comercial superó al institucional en volumen de ventas, obligando a los pacientes a comprar con recursos propios lo que el sistema debería garantizar.
El impacto económico es devastador. La Defensoría estima que las personas que no acceden a medicamentos podrían gastar entre 10% y 90% de sus ingresos para mantener sus tratamientos. En departamentos como Vichada o Vaupés, comprar un tratamiento con Ácido Valproico puede representar más del 100% del ingreso mensual de la mitad de la población.
Una crisis con responsables identificados
Detrás de esta emergencia sanitaria hay un atasco financiero monumental: las EPS adeudan $2,8 billones a gestores farmacéuticos, y estos a su vez deben $6,4 billones a laboratorios.
Nueva EPS concentra 52% de esta deuda. Este bloqueo de recursos alteró completamente la cadena de suministro: los laboratorios que antes despachaban a 60 o 90 días, ahora exigen pagos anticipados.
La concentración del mercado agrava el problema. Solo dos operadores controlan la mayor parte de la dispensación de medicamentos en el país, estableciendo cuotas restringidas y priorizando la rentabilidad sobre el acceso.
Los más vulnerables, los más afectados
La crisis golpea desproporcionadamente a poblaciones rurales, étnicas y de territorios apartados. Departamentos como Chocó, Guainía y Vaupés, con los peores indicadores socioeconómicos y de salud, también presentan las mayores barreras de acceso. Allí, la falta de medicamentos se suma a distancias geográficas, baja conectividad y mínima infraestructura sanitaria.
Los medicamentos más reportados como no entregados son precisamente los de uso cotidiano: Metformina, Valsartán y Losartán, utilizados para diabetes e hipertensión. El 66% de las quejas corresponden a tratamientos cardiovasculares y para diabetes, enfermedades crónicas que requieren continuidad absoluta.
La Defensoría implementó Puestos de Mando Unificados en 16 departamentos para atender la emergencia, logrando resolver 48% de los casos en seguimiento. Sin embargo, advierte que sin reformas estructurales, el sistema continuará siendo regresivo, vulnerando derechos fundamentales de millones de colombianos.
