La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas por el impacto del paro armado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de Bajo Baudó, Chocó, donde miles de personas enfrentan confinamiento y limitaciones severas en sus derechos básicos.
El organismo señaló que la medida, iniciada a la medianoche del 17 de marzo por el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla, golpea directamente a 25 comunidades, entre ellas 16 afrocolombianas y nueve indígenas.
En total, 1.416 familias equivalentes a 6.047 personas padecen restricciones que afectan su movilidad, acceso a alimentos y servicios esenciales.
La entidad advirtió que el cierre de corredores fluviales impide el transporte de víveres y dificulta la atención médica en zonas rurales. Además, niños y jóvenes no pueden asistir a clases, mientras las misiones humanitarias encuentran obstáculos para ingresar a los territorios afectados.
El pronunciamiento recalca que estas acciones vulneran normas del derecho internacional humanitario. “Ninguna acción en el marco del conflicto armado puede poner en riesgo la vida, la dignidad y los derechos de las comunidades”, enfatizó la Defensoría.
Ante este panorama, la institución pidió a las autoridades y organismos de seguridad adoptar medidas urgentes y coordinadas con enfoque diferencial para proteger a la población civil. También exigió al ELN levantar de inmediato el paro armado y respetar los principios de distinción y protección a civiles.
El llamado incluye garantizar la asistencia humanitaria y evitar prácticas que generen temor o restrinjan el acceso a bienes indispensables para la subsistencia. La Defensoría insistió en que las comunidades étnicas del Chocó no pueden quedar atrapadas en medio del conflicto armado.
