Estado colombiano, en cabeza del ministro de Defensa, reconoció su responsabilidad por la masacre de Bojayá durante un acto de excusas públicas por los hechos de violencia ocurridos en ese municipio chocoano y en Vigía del Fuerte, Antioquia, en mayo de 2002.
Desde el antiguo centro poblado Bellavista, donde la comunidad fue víctima de un cilindro bomba lanzado por la entonces guerrilla de las Farc, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, recordó las fallas estatales frente a la tragedia.
“El Estado no brindó una respuesta pronta, efectiva y oportuna para proteger a la población civil del municipio de Bojayá y de las comunidades aledañas frente al inminente enfrentamiento entre grupos armados ilegales”, afirmó la funcionaria, quien recordó que el riesgo era previsible y fue advertido por el Ministerio Público, organismos internacionales y la propia Defensoría.
La masacre, ocurrida hace poco más de 24 años por una disputa entre las antiguas Farc y las AUC, provocó el desplazamiento forzado de cerca de 10.000 personas. Marín señaló que, pese a las intervenciones de reparación individual y colectiva, la protección de la verdad, la justicia y las garantías de no repetición siguen siendo una deuda aplazada.
La Defensora advirtió que las comunidades afrocolombianas e indígenas de ambos municipios continúan expuestas por la persistencia y transformación del conflicto armado, que compromete la vida colectiva y el gobierno propio.
Por eso, la entidad pidió a las alcaldías, a las gobernaciones de Chocó y Antioquia y al Ministerio del Deporte trabajar en planes deportivos estratégicos para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes construyan un buen futuro, lejos del reclutamiento forzado.
