La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, confirmó la muerte de al menos cinco menores de edad en bombardeos militares realizados en Arauca y Amazonas, y solicitó al presidente Gustavo Petro suspender este tipo de operaciones cuando exista posibilidad de presencia de adolescentes reclutados.
El jefe de Estado admitió este lunes que en total son 12 los menores de edad muertos en operativos militares contra las disidencias de Iván Mordisco.
Según precisó la funcionaria, en el bombardeo ejecutado en Arauca la semana pasada falleció una adolescente mujer. Mientras que en Puerto Santander, Amazonas, el primero de octubre perdieron la vida cuatro jóvenes: una mujer y tres hombres.
Marín cuestionó la proporcionalidad de estas acciones militares. “Independientemente de que ellos y ellas estuvieran cumpliendo funciones continuas de combate, los principios de humanidad y necesidad militar ponen en cuestión estas operaciones”, expresó la Defensora del Pueblo.
La funcionaria advirtió que era previsible la afectación de menores en estos ataques y alertó que la situación continuará si no se adoptan medidas adicionales. “Quiero insistirle al presidente de la República en la necesidad de que suspenda los bombardeos contra objetivos en los que pueda haber menores de edad reclutados y evalúe su continuidad”, manifestó.
Marín invocó varios principios del derecho internacional humanitario para respaldar su petición. “Le invoco el principio de necesidad militar, el de precaución, el de humanidad y sobre todo, el de prevalencia de los derechos de las niñas y los niños”, añadió.
La Defensora describió como desgarradora la historia de cada menor fallecido en estos operativos. “Le imploro que piense en una alternativa”, solicitó al mandatario.
Simultáneamente, Marín exigió a los grupos armados ilegales cesar el reclutamiento de niños. “A los grupos armados ilegales les exigimos liberar de inmediato y sin condiciones a todos los menores de edad reclutados y suspender esta práctica”, sentenció.
La funcionaria identificó a las disidencias comandadas por Iván Mordisco como principales responsables del delito de reclutamiento forzado, según cifras de la Defensoría del Pueblo.
